Puebla, Pue. La tarde de este martes, el penal de San Miguel volvió a colocarse en el centro de la polémica, luego de que familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) se manifestaran en sus accesos para exigir el traslado del interno Ernesto Orea, señalado como presunto líder del autogobierno al interior del reclusorio.
Con lonas, cartulinas y bloqueos sobre el Camino al Batán en ambos sentidos, los manifestantes acusaron a Orea de encabezar una red de extorsiones, operando con presunto respaldo de autoridades penitenciarias.
De forma anónima —por temor a represalias— denunciaron que sus familiares deben pagar “cuotas” para acceder a zonas como Visita Íntima, Celdas de Observación y Clasificación y el área de Carpintería, bajo amenaza de sufrir castigos físicos. Además, señalaron ser víctimas de llamadas extorsivas desde el penal.
La protesta derivó en una mesa de diálogo con personal de la Secretaría de Gobernación estatal. Como resultado, se anunció que en los próximos días se llevará a cabo una mesa interinstitucional con participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y otras dependencias.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado rechazó rotundamente las acusaciones mediante un comunicado oficial, negando irregularidades o colusión con internos.
Los manifestantes afirman que esta vez no retrocederán: “No nos iremos hasta que las autoridades actúen.”
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